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Acoso Laboral y Convenio 190

Foto del escritor: Lic. Ariel Díaz Jiménez
Lic. Ariel Díaz Jiménez
13 oct
8 min de lectura

Acoso laboral en Costa Rica después del Convenio 190: la dignidad también se protege en el trabajo

Una persona puede disfrutar de su profesión y, aun así, sentir temor cada vez que debe presentarse a trabajar. Ese temor puede surgir de humillaciones, amenazas, burlas o decisiones destinadas a hacerle fracasar. En ocasiones, el deterioro ocurre lentamente: se le excluye de reuniones, se le retira información indispensable y después se le reprocha que no cumple. El problema no siempre comienza con una agresión visible; puede instalarse mediante prácticas que terminan normalizándose dentro de la organización.

El acoso laboral merece atención jurídica porque compromete la dignidad, la salud y las condiciones en que una persona obtiene su sustento. También afecta a sus compañeros y a la propia empresa o institución. Cuando el maltrato se tolera, el mensaje alcanza a todo el equipo: cualquiera podría ser el siguiente.

La entrada en vigor del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo constituye una oportunidad para revisar estas prácticas y comprender que la prevención de la violencia forma parte de las responsabilidades del mundo laboral.


Del mobbing a una protección más amplia

El término mobbing se utiliza para describir el hostigamiento psicológico sostenido en el trabajo. En su concepción tradicional, se reconoce por la repetición de conductas que aíslan, desacreditan, intimidan o deterioran la posición de una persona.

Su identificación exige analizar el conjunto de los hechos. Una exclusión de una reunión podría responder a razones organizativas; varias exclusiones injustificadas, acompañadas de ocultamiento de información y reproches por incumplimiento, pueden revelar un patrón distinto. El contexto permite comprender lo que cada episodio, considerado separadamente, podría ocultar.

La posición de poder tampoco se limita al organigrama. Puede provenir de una jefatura, pero también de la influencia de un grupo, del control de información o de la capacidad de excluir a alguien de las relaciones necesarias para trabajar.

Por ello, el acoso puede ser descendente, cuando proviene de una persona superior; ascendente, cuando se dirige contra quien ocupa una posición jerárquica mayor; horizontal, entre compañeros del mismo nivel; o mixto, cuando intervienen personas de diferentes posiciones.

El Convenio 190 obliga a ampliar el análisis. Su artículo 1 comprende comportamientos y amenazas capaces de producir daño físico, psicológico, sexual o económico, aunque se presenten una sola vez. En consecuencia, el patrón reiterado propio del mobbing no puede convertirse en una condición universal para atender cualquier manifestación de violencia laboral.

Una amenaza grave o una agresión no necesitan repetirse durante meses para merecer intervención. Esto no significa que cualquier molestia sea acoso: significa que la valoración debe atender a la naturaleza, el contexto y la capacidad lesiva del comportamiento.


La historia del Convenio 190 y su vigencia en Costa Rica

La OIT adoptó el Convenio 190 el 21 de junio de 2019, durante su Conferencia Internacional del Trabajo del centenario. Su aprobación respondió al reconocimiento de que la violencia y el acoso afectan derechos humanos, obstaculizan la igualdad de oportunidades y perjudican el trabajo decente.

Costa Rica lo aprobó mediante la Ley n.º 10749, publicada el 30 de septiembre de 2025. La ratificación fue registrada ante la OIT el 2 de octubre de ese año. Conforme al período de doce meses previsto en el artículo 14, entró en vigor para el país el 2 de octubre de 2026.

Conviene distinguir estos momentos: la aprobación legislativa, el registro de la ratificación y la entrada en vigor cumplen funciones diferentes.

El artículo 7 de la Constitución Política reconoce a los convenios internacionales debidamente aprobados autoridad superior a las leyes. Sin embargo, el alcance de cada disposición debe examinarse jurídicamente: existen garantías que orientan la interpretación y obligaciones que requieren medidas de implementación. El artículo 12 del C190 contempla su aplicación mediante legislación nacional, convenios colectivos y otras medidas acordes con la práctica del país.


La protección nacional ya tenía fundamentos

La protección frente al maltrato no comenzó con el Convenio 190. El artículo 69, inciso c), del Código de Trabajo impone a la persona empleadora el deber de tratar con consideración a sus trabajadores y abstenerse de maltratarlos.

Por su parte, el artículo 273 contempla el bienestar físico, mental y social dentro de los fines de la salud ocupacional. El artículo 282 coloca a cargo del patrono la adopción de medidas para garantizarla. Esto permite entender que los riesgos laborales también pueden surgir de la forma de organizar y ejercer el trabajo.


Reconocer las conductas sin confundirlas con la dirección legítima

El acoso puede manifestarse mediante decisiones organizativas aparentemente ordinarias. Retirar herramientas, imponer cargas deliberadamente perjudiciales, asignar tareas destinadas a desacreditar o modificar injustificadamente las condiciones de una persona son situaciones que requieren análisis.

También puede aparecer en la comunicación: amenazas frecuentes, ridiculización pública, comentarios denigrantes o reacciones humillantes ante errores. En las relaciones sociales, puede expresarse mediante aislamiento, exclusión de comunicaciones indispensables o instrucciones a otros compañeros para que eviten relacionarse con alguien.

Estos ejemplos no constituyen automáticamente acoso en cualquier circunstancia. Deben valorarse su justificación, proporcionalidad, contexto y efectos. Una decisión puede ser legítima, estar mal comunicada o formar parte de un hostigamiento; distinguirlo exige investigar.

La persona empleadora conserva facultades para dirigir, supervisar, evaluar y sancionar conforme al ordenamiento. Una evaluación desfavorable fundamentada no equivale por sí sola a acoso. Tampoco todo desacuerdo constituye violencia.

El límite se cruza cuando esas facultades se utilizan para humillar, intimidar, discriminar o perjudicar injustificadamente. Una jefatura puede señalar un error con firmeza y respeto. Exponer a quien lo cometió a insultos o burlas añade una agresión que no es necesaria para corregirlo.


Discriminación y violencia por razón de género

El acoso y la discriminación pueden coincidir, pero no son conceptos idénticos. Existe un problema adicional cuando el trato perjudicial se vincula con condiciones como edad, sexo, origen, discapacidad, salud, orientación sexual o afiliación sindical, entre otras protegidas por el artículo 404 del Código de Trabajo.

El C190 incorpora la violencia y el acoso por razón de género. Esto exige prestar atención a conductas dirigidas contra una persona por su sexo o género y a aquellas que afectan desproporcionadamente a determinados grupos.

El hostigamiento sexual, además, cuenta con regulación específica en la Ley 7476. Por eso, identificar correctamente los hechos resulta indispensable para determinar el procedimiento, las garantías y las consecuencias aplicables. No sería adecuado tramitar cualquier situación bajo una categoría genérica y omitir la protección especial correspondiente.


El trabajo se extiende más allá de la oficina

El artículo 3 del convenio reconoce que la violencia vinculada al trabajo puede ocurrir en comunicaciones digitales, viajes, capacitaciones, actividades sociales laborales, alojamientos proporcionados por el empleador y trayectos entre domicilio y trabajo.

Una ofensa enviada por un medio personal puede tener relevancia laboral si está relacionada con el trabajo. Lo determinante no es únicamente el dispositivo utilizado o el lugar físico, sino el vínculo de la conducta con la actividad laboral.

Esto exige revisar las políticas internas para que su protección no termine en la puerta de la oficina. Al mismo tiempo, no convierte automáticamente cualquier conflicto privado entre compañeros en una controversia laboral.


Salud, riesgos psicosociales y desgaste profesional

Las condiciones de trabajo pueden generar riesgos psicosociales cuando la organización, las relaciones o las exigencias deterioran la salud y el bienestar. Su atención requiere observar cargas, claridad de funciones, formas de supervisión y canales de comunicación.

El burnout, conocido como síndrome de desgaste profesional o de estar quemado, se relaciona con estrés laboral crónico que no ha sido gestionado adecuadamente. La OMS lo describe mediante agotamiento, distancia mental o cinismo respecto al trabajo y disminución de la eficacia profesional; lo clasifica como fenómeno ocupacional, no como enfermedad por sí misma.

No debe confundirse con el acoso. Puede existir desgaste sin hostigamiento y hostigamiento sin que se hayan documentado aquellas manifestaciones. La evaluación de salud corresponde a profesionales competentes; la determinación jurídica exige analizar conductas y pruebas.

Tampoco debe exigirse a una persona que espere a enfermar para pedir protección. La prevención tiene sentido precisamente porque busca evitar el daño.


La prevención debe reflejarse en decisiones concretas

Una política de prevención resulta útil cuando las personas conocen qué comportamientos son inaceptables, dónde denunciar y quién responderá. Debe contemplar situaciones en las que la persona señalada sea una jefatura o forme parte de Recursos Humanos.

El artículo 9 del convenio orienta la prevención hacia políticas participativas, evaluación de riesgos, seguridad y salud en el trabajo y capacitación. Su implementación debe considerar el grado de control de la persona empleadora y lo razonable y factible.

En términos prácticos, conviene integrar estos contenidos en la inducción, capacitar a quienes dirigen personal y revisar periódicamente los procedimientos. La capacitación debe enseñar a corregir errores, gestionar conflictos y recibir denuncias sin minimizar ni prejuzgar.

Las personas trabajadoras también deben actuar con respeto, colaborar con las investigaciones y cumplir las medidas preventivas legítimas. Esa responsabilidad no permite trasladar a la persona afectada la culpa por el maltrato recibido.


Denunciar e investigar con seriedad

Una denuncia útil describe hechos concretos: qué ocurrió, cuándo, dónde, quién intervino y qué pruebas o testigos pueden ayudar a esclarecerlo. No debería exigirse a quien denuncia que formule una calificación jurídica perfecta.

Pueden resultar relevantes correos, mensajes completos, instrucciones, evaluaciones, testimonios y documentos obtenidos lícitamente. Su valoración requiere contexto. Un documento médico puede acreditar una afectación, pero no determina por sí solo quién la causó ni demuestra toda la relación laboral alegada.

La investigación debe permitir que la persona denunciada conozca los hechos atribuidos y ejerza su defensa. Proteger a quien denuncia y respetar el debido proceso son responsabilidades compatibles.

Una comisión investigadora debe contar con independencia suficiente y evitar conflictos de interés. Su informe debe diferenciar hechos acreditados y no acreditados, explicar la valoración probatoria y sustentar sus recomendaciones. La decisión final y las sanciones corresponden a la autoridad competente según el régimen aplicable.


La guía técnica: una orientación que debe citarse correctamente

La Guía Técnica para la prevención y atención del acoso laboral como naturaleza consultiva sirve para diseñar respuestas. No sustituye la ley ni autoriza a omitir garantías.

Pero sí, evita presentar como obligaciones universales sus propuestas sobre número de integrantes de una comisión o plazos de determinadas actuaciones. Las referencias a dos o tres meses deben entenderse dentro de ese modelo y contrastarse con la normativa especial y el procedimiento válido de cada organización.


Confidencialidad, protección y atención oportuna

La reserva protege la información del expediente y evita su circulación innecesaria. Sin embargo, no puede utilizarse para impedir el acceso a la información necesaria para ejercer la defensa o buscar asesoría.

Las medidas provisionales deben responder al riesgo identificado. Pueden consistir en modificar temporalmente líneas de supervisión, evitar encuentros a solas, comunicar instrucciones por escrito o valorar una separación temporal legalmente procedente.

Deben estar justificadas y no funcionar como sanciones anticipadas. También debe evitarse que la solución perjudique injustificadamente a quien pidió protección.

La atención de salud no debería condicionarse a que termine la investigación interna. Cuando exista una posible relación con riesgos del trabajo, corresponde activar las vías de valoración pertinentes. La cobertura debe determinarse conforme al régimen aplicable; no nace automáticamente de una conclusión administrativa.


Denuncias no comprobadas y denuncias falsas

Una denuncia que no logra demostrarse no es necesariamente falsa. Puede faltar evidencia suficiente, existir versiones contradictorias o no acreditarse los elementos jurídicos requeridos.

Afirmar mala fe exige fundamento propio. La fabricación deliberada de hechos o pruebas debe examinarse con debido proceso y mediante las vías correspondientes. Amenazar con consecuencias a toda persona cuya denuncia no prospere desincentiva la protección y confunde insuficiencia probatoria con deshonestidad.


Una opinión final: la dignidad requiere una respuesta cotidiana

Considero que el mayor desafío después de la entrada en vigor del Convenio 190 será transformar las prácticas que han permitido normalizar el maltrato. Su valor se apreciará en cómo una jefatura corrige, cómo se recibe una denuncia y cómo se protege a las personas mientras se esclarecen los hechos.

La violencia doméstica también puede repercutir en la seguridad y el desempeño laboral. Reconocer ese impacto permite coordinar apoyos razonables sin invadir la intimidad ni convertir a la empresa en sustituto de las autoridades competentes.

Para quien enfrenta hostigamiento, el primer paso es describir y conservar los hechos, buscar apoyo y conocer sus opciones antes de renunciar o firmar acuerdos. Para la persona empleadora, la tarea consiste en prevenir, investigar con imparcialidad y corregir lo que corresponda.


La dignidad se protege en decisiones concretas: escuchar sin ridiculizar, dirigir sin humillar y resolver con fundamento. Ese debe ser el compromiso cotidiano de un trabajo libre de violencia y acoso.


Lic. Ariel Díaz JiménezAbogado litigante — Administraciones Legales

 

 
 
 

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