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Régimen de interrelación Familiar en Costa Rica: cómo proteger el derecho de los hijos a compartir con su familia

Foto del escritor: Lic. Ariel Díaz Jiménez
Lic. Ariel Díaz Jiménez
13 oct
4 min de lectura

Actualizado: 16 oct

Cuando los padres viven separados, pueden surgir dificultades para organizar el tiempo que cada uno comparte con sus hijos. En ocasiones, las visitas se cancelan constantemente, la comunicación se interrumpe o no existe un acuerdo claro sobre días, horarios y condiciones.

La demanda de régimen de visitas, también denominada régimen de interrelación familiar, permite solicitar al Juzgado de Familia que establezca esas condiciones. Su finalidad principal es proteger el derecho del niño, niña o adolescente a mantener vínculos familiares seguros y beneficiosos para su desarrollo.

Como abogado, considero fundamental comprender que este proceso debe centrarse en las necesidades de los hijos. Las diferencias entre las personas adultas deben resolverse procurando que no afecten injustificadamente su relación familiar.

El derecho comprende contacto, comunicación y convivencia. La interrelación familiar puede incluir encuentros presenciales, llamadas, videollamadas, vacaciones y participación en momentos importantes de la vida del hijo o hija.

El artículo 35 del Código de la Niñez y la Adolescencia reconoce el derecho de las personas menores de edad a mantener contacto regular y directo con su círculo familiar y afectivo, cuando su interés superior lo justifique. Por ello, la protección puede abarcar también a abuelos, otros familiares y personas significativas de su entorno, dentro de las condiciones legales.

La responsabilidad parental continúa aunque termine la relación de pareja. El artículo 141 del Código de Familia establece la irrenunciabilidad de los derechos y obligaciones propios de esa responsabilidad. La separación no permite desentenderse del cuidado y acompañamiento de los hijos.

Los artículos 151 y 152 complementan esta protección al contemplar la intervención judicial frente a conflictos y la regulación de las relaciones familiares. Cuando no existe un acuerdo adecuado, corresponde al tribunal determinar las condiciones conforme al interés superior de la persona menor de edad.

No es necesario esperar a que el contacto desaparezca por completo. Puede resultar necesario acudir al juzgado cuando las dificultades son reiteradas, los acuerdos informales no se cumplen o las condiciones existentes generan incertidumbre.

Por ejemplo, si cada semana se discute a qué hora se recogerá al niño y las visitas terminan dependiendo de decisiones de último momento, una regulación clara puede ayudar a reducir el conflicto y darle estabilidad.

Antes de presentar una nueva demanda, debe revisarse si ya existe una sentencia o un acuerdo aprobado. Si el régimen ya está fijado, podría corresponder solicitar su cumplimiento o modificación, según el problema concreto.

La propuesta debe adaptarse a la vida del hijo o hija. No existe un horario único que funcione para todas las familias. Como abogado, recomiendo considerar la edad, las rutinas, la salud, las actividades educativas, la distancia entre hogares y la relación que ha existido con cada progenitor.

Una propuesta puede precisar:

·       Los días y horarios de los encuentros.

·       El lugar y la forma de entrega y regreso.

·       Quién se encargará del transporte.

·       La distribución de vacaciones y fechas especiales.

·       Los horarios de llamadas o videollamadas.

·       Las condiciones particulares necesarias para proteger al menor.

Conviene plantear horarios que realmente puedan cumplirse. También debe distinguirse entre solicitar contacto familiar y pedir un cambio de custodia: establecer visitas no implica automáticamente modificar con quién vive habitualmente el hijo o hija.

Es posible solicitar un régimen provisional mientras se resuelve el proceso. El artículo 133 del Código Procesal de Familia contempla expresamente un régimen provisional de interrelación familiar. Esta medida permite pedir que el contacto se organice durante la tramitación, sin tener que esperar necesariamente a la sentencia definitiva. El Poder Judicial incluye esta solicitud en sus formularios de patrocinio letrado.

Para solicitarla, deben explicarse las circunstancias que justifican la protección temporal, ofrecerse la prueba disponible y proponerse condiciones concretas. Por ejemplo, puede exponerse desde cuándo se interrumpió el contacto, cómo era la relación previa y qué horario provisional se considera adecuado.

La medida no se concede automáticamente. El juzgado debe valorar su procedencia y puede requerir elementos adicionales para conocer la situación familiar. La regulación cautelar permite revisar la medida si cambian las circunstancias que motivaron su adopción.

También pueden solicitarse medidas cautelares antes de presentar el proceso principal. En ese caso, debe prestarse atención al artículo 130: concedida una medida anticipada, la demanda debe presentarse dentro del mes siguiente a su dictado o ejecución, según corresponda; de lo contrario, la medida caduca. Obtener una regulación provisional no sustituye la necesidad de continuar el trámite correspondiente.

El contacto familiar debe ser compatible con la seguridad y el bienestar del menor. Cuando existen circunstancias que puedan causar perjuicio físico, moral o psicológico, deben ponerse en conocimiento de la autoridad y respaldarse con los elementos disponibles. El artículo 35 permite que el tribunal modifique o suspenda la interrelación mediante una resolución fundamentada.

La opinión del niño, niña o adolescente también debe tomarse en consideración. Si se niega a mantener contacto, la norma exige que quien tenga su custodia solicite a la oficina local del PANI que investigue y brinde la atención psicosocial necesaria. No corresponde ignorar esa negativa ni atribuirle una causa sin examinar lo que sucede.

Para preparar la demanda, recomiendo organizar la certificación de nacimiento, las resoluciones o acuerdos anteriores, una explicación cronológica de las dificultades y las pruebas obtenidas legítimamente. Pueden ser útiles comunicaciones sobre visitas canceladas, información de las rutinas del menor y testimonios de personas que conozcan directamente los hechos.

Es importante describir situaciones concretas: cuándo ocurrió el impedimento, qué se había acordado y cómo afectó el contacto. Las acusaciones generales aportan menos claridad que una narración ordenada y respaldada.

El régimen puede necesitar ajustes con el paso del tiempo. Un cambio de residencia, de horario escolar o de necesidades del hijo puede justificar una revisión judicial. El artículo 152 permite modificar lo resuelto respecto de los hijos menores cuando su conveniencia o un cambio de circunstancias lo requiera.

Como abogado, recomiendo formular una propuesta que favorezca vínculos estables, reduzca los desacuerdos cotidianos y pueda cumplirse. El objetivo del proceso es que los hijos cuenten con condiciones claras para relacionarse con su familia, con respeto por su seguridad, sus necesidades y su desarrollo.

Para mayor información sobre la demanda de régimen de visitas o la solicitud de un régimen provisional de interrelación familiar, puede contactarnos en Administraciones Legales al correo legal@administracioneslegales.com.

 
 
 

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