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Cómo recuperar su casa o local cuando el inquilino deja de pagar

Foto del escritor: Lic. Ariel Díaz Jiménez
Lic. Ariel Díaz Jiménez
16 oct
6 min de lectura

El proceso monitorio arrendaticio en Costa Rica explicado paso a paso

Por Lic. Ariel Díaz Jiménez  |  Abogado litigante

16 de octubre de 2026





El alquiler dejó de entrar, los mensajes se acumulan y el inmueble sigue ocupado. Ante esa situación, el propietario necesita saber cómo recuperar el bien y qué hacer con la deuda. En Costa Rica, el proceso monitorio arrendaticio permite solicitar judicialmente el desalojo en determinadas causas, siempre que la relación de alquiler conste documentalmente.

Mi criterio es que la decisión de demandar debe comenzar por revisar las pruebas y las fechas. Una persona puede tener una reclamación legítima y, aun así, plantearla de forma prematura o por una vía que no corresponde. Eso retrasa la solución y encarece el conflicto.

Para entender este proceso conviene separar dos asuntos: la entrega de la casa o del local y el cobro de las sumas pendientes. Están relacionados, pero cada uno exige peticiones y actuaciones concretas.


 

Cuándo procede el monitorio arrendaticio

El artículo 110.1.2 del Código Procesal Civil delimita esta vía a cuatro motivos. Identificar cuál existe en el caso evita convertir cualquier incumplimiento del contrato en una solicitud de desalojo monitorio.

Falta de pago del alquiler

Debe precisarse la renta vigente, la fecha acordada de pago y las mensualidades efectivamente adeudadas. No existe una regla general que obligue a esperar tres meses de deuda. Sí deben respetarse los siete días naturales siguientes al vencimiento del respectivo período de pago previstos en el artículo 58 de la Ley de Arrendamientos.

Si el arrendador venía aceptando pagos tardíos, también debe examinarse la tolerancia. El artículo 62 exige comunicar por escrito la decisión de ponerle fin antes de emprender acciones judiciales por ese concepto. Por eso recomiendo revisar el historial de pagos completo y conservar esa comunicación.

Vencimiento del plazo

La fecha escrita en el contrato debe contrastarse con el plazo legal. Bajo el régimen general de la Ley 7527, el artículo 70 establece una duración mínima de tres años, aunque se haya pactado menos. Además, debe acreditarse el aviso escrito de no renovación con la anticipación de al menos tres meses que exige el artículo 71. Omitirlo puede producir una prórroga tácita.

Falta de pago de servicios públicos

Debe verificarse a quién corresponde pagarlos conforme al contrato y al artículo 64 de la Ley de Arrendamientos. Para esta causal, el Código exige certificación o constancia del proveedor. Una suma que el propietario calcula por su cuenta no sustituye ese respaldo.

Falta de pago de gastos del condominio

El documento de la relación arrendaticia debe poner esos gastos a cargo del inquilino. Se requiere certificación de las cuentas por un contador público autorizado y revisar los artículos 20 y 23 de la Ley de Condominios, así como las intimaciones previas aplicables, incluido el artículo 116 de la Ley de Arrendamientos.

Otros motivos, como ciertos daños o un cambio de destino del inmueble, requieren analizar la vía correspondiente, normalmente el proceso sumario de desahucio. Elegir el procedimiento depende de la causa y de la prueba disponible.


 

Qué documentos necesita el arrendador


Fotografía ilustrativa de Kampus Production · Pexels

Primero hay que demostrar quién tiene derecho a pedir la restitución. El artículo 104.2 del Código contempla, entre otros, al propietario, al arrendante, al subarrendante y a quien posea un título legítimo. El artículo 112.1 permite acreditar la legitimación con el contrato, una resolución judicial anterior o recibos periódicos de pago.

Un contrato verbal puede generar una relación de arrendamiento. Para utilizar el monitorio, sin embargo, esa relación debe constar documentalmente. Las conversaciones de WhatsApp y las transferencias por SINPE pueden contribuir a demostrarla; su suficiencia depende del contenido, la autenticidad y el conjunto de la prueba. Una captura aislada no asegura que se acrediten las partes, el inmueble y las condiciones pactadas.

Yo recomiendo organizar un expediente con el contrato y sus modificaciones, la identificación del inmueble y de las partes, el respaldo del derecho a arrendar, los comprobantes de pago y una relación clara de los períodos pendientes. Cuando corresponda, deben añadirse los avisos de no renovación y las constancias de servicios o de condominio.

El valor de una vivienda también importa

Cuando se reclama una vivienda, el artículo 104.3 exige acreditar el valor fiscal actual del terreno y la edificación. Si el avalúo tiene más de cinco años, prevé un avalúo de un ingeniero o arquitecto incorporado. Ese dato ayuda a determinar si se aplican las reglas especiales de vivienda de carácter social. Certificación que se pueden conseguir en la Municipalidad donde está ubicado el inmueble.

Esas reglas pueden cambiar el resultado. Los artículos 100 a 105 regulan condiciones particulares para desalojar por vencimiento del plazo. El artículo 99 también permite, bajo sus requisitos y antes de sentencia firme, detener el proceso por falta de pago mediante el pago de lo adeudado y las costas; esa posibilidad no procede si hubo otra enervación en los doce meses anteriores.


 

Qué ocurre después de presentar la demanda

La demanda debe explicar hechos concretos: quién arrendó, cuál inmueble se entregó, cuánto se paga, cuándo debe pagarse y qué incumplimiento se atribuye. Las peticiones deben corresponder con esos hechos. Copiar cláusulas de otro contrato o citar muchos artículos no corrige una historia incompleta.

La orden inicial y su notificación

Admitida la demanda, el juzgado dicta la resolución intimatoria de desalojo. Los artículos 110.2 y 112.2 deben leerse juntos: a la parte demandada se le concede un plazo de cinco días para cumplir u oponerse. El cómputo debe revisarse según la notificación practicada y las reglas procesales.

Una llamada o un mensaje privado de cobro no sustituye la notificación judicial. Deben cumplirse las reglas de la Ley 8687 según el destinatario y el medio autorizado. Para personas físicas son relevantes el artículo 19 y las normas sobre domicilio; para personas jurídicas, también el artículo 20 y su regulación del correo inscrito de sociedades mercantiles.

La posibilidad de defenderse

El artículo 112.3 limita los motivos de oposición al pago comprobado por escrito, la prescripción, la inexistencia de la obligación de pagar la renta y la falta de vencimiento del plazo. También pueden plantearse las excepciones procesales pertinentes conforme al artículo 110.2. La defensa debe prepararse con atención a esas reglas y a la prueba.

Si existe oposición fundada, se suspende el efecto de la orden inicial en los términos legales y se señala audiencia. Si no hay oposición o resulta infundada, se ejecuta la resolución intimatoria. Los cinco días no son una garantía de que el inmueble quedará desocupado en ese tiempo. La notificación, la defensa y la ejecución influyen en la duración real.

Los alquileres siguen corriendo durante el juicio

La existencia del proceso no libera al inquilino de pagar. El artículo 60 de la Ley de Arrendamientos mantiene la obligación hasta la entrega del bien. Por la integración de los artículos 112.4 y 104.4 del Código, el juzgado previene el depósito de las rentas posteriores a la demanda; incumplir esa orden puede provocar el desalojo inmediato.

Como abogado, considero fundamental explicar esto a ambas partes desde el inicio. El propietario debe registrar los pagos que reciba y el inquilino debe conservar sus comprobantes. Así se evita reclamar una mensualidad pagada o perder una defensa por falta de respaldo.


 

Cómo se cobran los alquileres pendientes

Recuperar el inmueble no significa que la deuda quede pagada. Los artículos 104.6 y 112.4 permiten gestionar, una vez firme la sentencia que acoge el desahucio, el cobro incidental de alquileres insolutos, servicios y otros gastos del vínculo arrendaticio no cubiertos. Esa gestión exige precisar y probar lo que se reclama.

También pueden solicitarse las costas. Su procedencia y liquidación corresponden al tribunal conforme a las reglas aplicables. La resolución contractual y las medidas para asegurar el cobro deben pedirse con el fundamento y alcance que correspondan al caso.

Un ejemplo para entender los seis meses de renta

Supongamos una renta mensual de ₡250.000. Según el artículo 35.3.8 del Código, la estimación de la demanda de desahucio equivale a un semestre: ₡1.500.000. Esa cifra cumple una función procesal; no convierte automáticamente ese monto en una deuda del inquilino.

Si solo hay dos mensualidades efectivamente impagas, esos alquileres suman ₡500.000, sin incluir otros rubros que procedan. Confundir la estimación con el saldo pendiente lleva a explicar mal el reclamo y sus posibles consecuencias.

Mi criterio sobre cómo afrontar este conflicto

Recomiendo actuar cuando el incumplimiento esté claro y el expediente tenga respaldo suficiente. Antes de presentar la demanda, conviene comprobar los pagos, revisar las comunicaciones y valorar si un acuerdo de entrega y pago resulta viable. Si se negocia, deben quedar claras la fecha de devolución, la deuda reconocida y las condiciones de cumplimiento.

También sostengo que el propietario debe acudir a los mecanismos legales de restitución. Cambiar cerraduras, retirar pertenencias o cortar servicios para forzar la salida puede generar nuevos conflictos y responsabilidades. Cuando sea necesario ejecutar el lanzamiento, corresponde hacerlo mediante la autoridad judicial y el auxilio autorizado.

La asesoría debe permitirle a la persona entender qué puede pedir, con qué documentos y qué aspectos pueden discutirse. Ese es el punto de partida de una demanda bien preparada y de una defensa responsable.



Lic. Ariel Díaz JiménezAbogado litigante · Administraciones Legales

Consultas 7123-0703 · administracioneslegales.com


 


 
 
 

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