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Administración de bienes de personas menores de edad en Costa Rica: cuándo puede nombrarse a un tercero

Foto del escritor: Lic. Ariel Díaz Jiménez
Lic. Ariel Díaz Jiménez
13 oct
4 min de lectura

Una persona menor de edad puede ser propietaria de una casa, un terreno, dinero, acciones u otros bienes, por ejemplo, porque los recibió mediante una herencia o donación. Sin embargo, contar con ese patrimonio también implica tomar decisiones para conservarlo, atender sus gastos y proteger los ingresos que produzca.

La demanda para administración de bienes permite solicitar, cuando exista fundamento legal, que una tercera persona asuma esa función. El propósito es proteger los intereses económicos de la persona menor de edad. Los bienes continúan perteneciendo al niño, niña o adolescente; el nombramiento de un administrador no transfiere su propiedad.

El Poder Judicial identifica al Juzgado de Familia como la oficina que atiende este tipo de gestión.

Por regla general, la administración corresponde a los padres. El artículo 140 del Código de Familia establece que, como parte de la responsabilidad parental, les corresponde proteger a sus hijos, administrar sus bienes y representarlos legalmente.

Esto debe entenderse como una función ejercida en beneficio del hijo o hija. Que una persona administre el patrimonio de su hijo no significa que pueda tratarlo como dinero propio ni utilizarlo libremente para atender intereses personales.

Por eso, antes de solicitar que intervenga un tercero, es necesario determinar quién ejerce actualmente la administración y cuál es la razón jurídica que justificaría sustituirla o establecer una administración especial.

La ley contempla situaciones en las que procede nombrar a otra persona. El artículo 145 del Código de Familia dispone que los bienes heredados, legados o donados pueden quedar excluidos de la administración de los padres cuando así lo establezca quien los transmite, expresa o implícitamente. En ese supuesto, corresponde nombrar un administrador.

Por ejemplo, una abuela puede dejar un inmueble a su nieta y establecer en el testamento que sus padres no administren ese bien. Será necesario revisar la disposición testamentaria y gestionar el nombramiento que corresponda, respetando la ley y los intereses de la beneficiaria.

Otro supuesto aparece en los artículos 149 y 150: cuando los padres están obligados a garantizar su administración, mientras esa garantía no se constituya, el tribunal nombrará un administrador especial. La garantía busca respaldar el adecuado manejo del patrimonio.

Si existen indicios de un manejo perjudicial de los bienes, recomiendo documentarlos y valorar la medida judicial adecuada. No basta con afirmar que otro familiar administraría mejor: deben explicarse los hechos, el riesgo para el patrimonio y el fundamento de lo solicitado.

Un conflicto de intereses requiere especial atención. El artículo 140 establece que, cuando los intereses de los padres se oponen a los de sus hijos, estos deben ser representados por un curador especial.

Por ejemplo, puede existir un conflicto si un progenitor pretende adquirir para sí un bien que pertenece a su hijo. En esa situación, debe examinarse quién puede representar al menor y proteger sus intereses.

El curador especial cumple una función de representación frente al conflicto. Su nombramiento no equivale, por sí solo, a designar un administrador permanente de todos los bienes del menor.

La administración puede comprender diversas tareas, según los bienes y las facultades conferidas. Entre ellas, conservar un inmueble, gestionar ingresos por alquiler, atender gastos necesarios, custodiar documentos y llevar registros de los movimientos económicos.

Pensemos en un adolescente que recibe una vivienda alquilada. La gestión puede requerir cobrar la renta, atender reparaciones justificadas y conservar comprobantes de ingresos y egresos. Cada actuación debe ajustarse al nombramiento y a las autorizaciones que correspondan.

Administrar tampoco permite vender o hipotecar libremente. El artículo 147 establece límites para enajenar o gravar los bienes de los hijos. Tratándose de inmuebles, exige autorización judicial y que exista necesidad o provecho evidente para la persona menor de edad. Por ello, el nombramiento como administrador no debe interpretarse como una autorización general para disponer del patrimonio.

Quien administra debe poder explicar qué hizo con los bienes y sus ingresos. El artículo 148 dispone que, al finalizar la administración, deben entregarse los bienes y frutos que pertenecen al hijo, junto con una rendición general de cuentas, a quien legalmente corresponda.

Los “frutos” son los rendimientos que produce un bien, como los alquileres de una vivienda. Rendir cuentas significa explicar qué se recibió, qué se gastó, por qué se realizaron esos gastos y cuál es el patrimonio que se entrega.

Como abogado, recomiendo conservar facturas, recibos, contratos, estados de cuenta y comprobantes de pago. Una administración ordenada facilita demostrar que las decisiones se tomaron en beneficio de la persona menor de edad.

El mismo artículo establece que el tribunal determinará los honorarios del administrador, atendiendo las circunstancias. Por tanto, la remuneración debe ajustarse a lo dispuesto judicialmente.

La persona administradora puede ser distinta de quien cuida al menor. El artículo 148 contempla expresamente esta posibilidad y dispone que el tribunal autorice la suma periódica que debe entregarse para su alimentación. Así, una persona puede encargarse del patrimonio mientras otra mantiene la guarda, crianza y educación.

El divorcio o la separación también pueden exigir decisiones sobre estos bienes. El artículo 152 contempla la administración del patrimonio de los hijos entre los asuntos que deben regularse en esos contextos. La separación de los padres no convierte automáticamente los bienes de sus hijos en bienes repartibles entre ellos ni obliga, por sí sola, a nombrar a un tercero.

Además, las decisiones relativas a los hijos menores pueden modificarse judicialmente cuando cambien las circunstancias o su conveniencia lo justifique, en los términos de esa norma.

Para preparar una solicitud, recomiendo reunir:

·       La certificación de nacimiento y las resoluciones sobre responsabilidad parental que existan.

·       Los documentos que acrediten los bienes y derechos de la persona menor de edad.

·       El testamento, la donación o la documentación del proceso sucesorio, cuando corresponda.

·       Información sobre ingresos, gastos y la administración actual.

·       Las pruebas que respalden la necesidad del nombramiento y los datos de la persona propuesta, si la hay.

La solicitud debe precisar qué bienes necesitan administración, por qué se requiere la intervención judicial y cuáles facultades se solicitan. El trámite concreto dependerá de esas circunstancias y de los procesos que ya existan.

Como abogado, considero que proteger este patrimonio exige identificar las necesidades presentes del menor y preservar los recursos que le pertenecen. Una gestión bien fundamentada permite al juzgado valorar quién debe administrarlos y bajo qué condiciones.

Para mayor información sobre la demanda para administración de bienes de personas menores de edad, puede contactarnos en Administraciones Legales al correo legal@administracioneslegales.com.

 
 
 

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