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Prescripción de deudas, caducidad y ejecución de sentencias en Costa Rica

Foto del escritor: Lic. Ariel Díaz Jiménez
Lic. Ariel Díaz Jiménez
4 oct
11 min de lectura

Actualizado: 16 oct


Abogado litigante | Administraciones Legales

Resumen

La prescripción de una deuda exige identificar la naturaleza de la obligación, el momento en que pudo reclamarse y los actos que afectan el cómputo del plazo. Este artículo examina las diferencias entre prescripción extintiva, caducidad y prescripción del derecho a ejecutar una sentencia en el ordenamiento costarricense. A partir del estudio Prescripción y caducidad y de las disposiciones civiles y mercantiles, se explica que el plazo general civil es de diez años, mientras que la regla comercial es de cuatro años, con excepciones. La existencia de una sentencia firme no elimina la dimensión temporal del derecho reconocido. Sin embargo, la sola antigüedad del fallo o el abandono atribuido al acreedor resultan insuficientes para concluir que procede la defensa. Es necesario comprobar el plazo aplicable, su inicio, las causas de interrupción o suspensión y la oportunidad de alegar la prescripción. La caducidad debe examinarse conforme al derecho, facultad o procedimiento específicamente regulado.

Palabras clave: prescripción extintiva, deudas, caducidad, sentencia firme, ejecución, seguridad jurídica.

1 Introducción

El cobro de una obligación está sujeto a límites temporales. Estos límites permiten que el acreedor reclame lo que le corresponde durante el período establecido por la ley y que el deudor pueda oponer una defensa cuando ese período se haya cumplido. La dificultad práctica consiste en establecer cuál es la norma aplicable y reconstruir el tiempo jurídicamente relevante. Una deuda antigua puede haber sido objeto de actos de cobro o reconocimientos con efectos interruptores; una sentencia reciente puede reconocer una obligación sometida a un plazo especial.

Sostengo que el análisis debe distinguir el plazo para reclamar la obligación original del plazo para ejecutar el derecho declarado en sentencia. También debe separar ambos supuestos de la caducidad. Confundir estas instituciones conduce a identificar como extinción del derecho lo que solo constituye la terminación de un proceso, o a atribuir a cualquier sentencia el mismo plazo de prescripción.

El estudio sigue un método de interpretación normativa y análisis doctrinal. Utiliza como referencia Prescripción y caducidad, de Humberto Brenes Barahona, publicado en la colección de temas jurisprudenciales de la Sala Primera. Sus desarrollos conceptuales se contrastan con los códigos Civil, de Comercio y Procesal Civil. Las normas históricas citadas en aquella compilación deben distinguirse de las disposiciones aplicables al proceso actual (Brenes Barahona, s. f.).

2 Prescripción de las deudas civiles y comerciales

La prescripción extintiva o negativa limita la posibilidad de exigir un derecho por su falta de ejercicio durante el plazo legal. El artículo 865 del Código Civil vincula la pérdida del derecho con el transcurso del tiempo y el artículo 866 conecta esa pérdida con la extinción de la acción correspondiente. Esta formulación debe leerse conjuntamente con las reglas sobre cómputo, interrupción, suspensión y renuncia. Por ello, contar los años transcurridos desde la contratación no resuelve por sí solo el problema.

Brenes Barahona (s. f., pp. 1-5) recoge la evolución de la explicación jurisprudencial de este instituto. La prescripción dejó de justificarse únicamente como una sanción a la negligencia o como una supuesta renuncia del acreedor. Su fundamento principal es la seguridad jurídica: el ordenamiento fija un período dentro del cual puede obtenerse tutela del derecho y evita mantener indefinidamente abierta una controversia patrimonial. La intención subjetiva de abandonar el crédito no constituye, por tanto, un requisito general que el deudor deba demostrar.

En materia civil, el artículo 868 establece que el derecho y su acción prescriben a los diez años. El propio precepto admite los plazos especiales previstos en otras disposiciones. La regla decenal constituye el punto de partida del régimen común, pero su aplicación exige descartar una excepción. Conforme al artículo 874, el cómputo comienza cuando la obligación es exigible. La fecha de celebración del contrato y la fecha de exigibilidad pueden ser diferentes.

En materia comercial, los artículos 968 y 984 regulan la prescripción de las acciones derivadas de actos y contratos mercantiles. El artículo 984 fija un plazo general de cuatro años y establece supuestos de un año. Entre ellos se encuentra el cobro de intereses, según su inciso b). La clasificación de una obligación como civil o mercantil depende de su naturaleza y de la regulación pertinente, no solamente del nombre utilizado en el contrato o del despacho judicial que conoce el asunto.

El régimen mercantil contiene excepciones que deben preservarse. La interpretación auténtica del artículo 968, efectuada mediante la Ley 3416 de 1964, mantiene el plazo de diez años para las hipotecas comunes o de cédulas. Asimismo, el antiguo inciso e) del artículo 984, relativo a determinadas ventas, fue derogado por la Ley 9691 de 2019. Esa modificación impide trasladar sin actualización la explicación histórica sobre facturas contenida en el estudio de referencia (Brenes Barahona, s. f., pp. 10-12 y 16-17; Código de Comercio, arts. 968 y 984).

La prescripción tampoco equivale al pago. El estudio de referencia explica que la obligación puede subsistir como obligación natural, aunque pierda su exigibilidad jurídica. En el ámbito mercantil, el artículo 975 dispone que quien cumple una obligación prescrita no puede exigir la devolución de lo pagado. Resulta necesario distinguir la extinción de la posibilidad de cobro coercitivo de la satisfacción material del crédito (Brenes Barahona, s. f., p. 1).

3 Cómputo interrupción suspensión y renuncia

El cómputo presupone que el titular pueda ejercer su derecho. En las obligaciones comerciales con plazo determinado, el artículo 969 sitúa el inicio al día siguiente del vencimiento; en los demás supuestos comprendidos por la norma, toma como referencia el momento en que el derecho pudo hacerse valer. El artículo 874 del Código Civil utiliza la exigibilidad de la obligación. Cuando existen cuotas o prestaciones sucesivas, debe examinarse el vencimiento de cada prestación y la eventual eficacia de una cláusula de vencimiento anticipado, sin asumir una fecha única para todos los rubros.

La interrupción impide aprovechar el tiempo que había corrido antes del acto interruptor. En materia civil, los artículos 876 y 879 comprenden el reconocimiento del derecho, el emplazamiento, embargo o secuestro notificados y las gestiones judiciales o extrajudiciales para cobrar la deuda o exigir el cumplimiento. El artículo 878 precisa el efecto sobre el tiempo anterior. La eficacia de una actuación concreta debe analizarse según su contenido y los requisitos legales que le correspondan.

En materia comercial, el artículo 977 contempla la demanda o interpelación judicial notificada, el requerimiento judicial, notarial o escrito cuya notificación al deudor se compruebe, el reconocimiento tácito o expreso y el pago de intereses debidamente acreditado. El artículo 981 establece que la interrupción elimina el tiempo anteriormente transcurrido. No basta invocar una llamada, una comunicación o una actuación procesal sin explicar cuál causal satisface y qué prueba acredita su eficacia.

La suspensión produce un efecto distinto: mientras subsiste la causa prevista por la ley, el plazo no corre; al cesar esa causa, se conserva el tiempo que se había acumulado. Sus supuestos se regulan en el artículo 880 del Código Civil y en los artículos 976 y 985 del Código de Comercio. La compilación de Brenes Barahona (s. f., pp. 19-20) recoge esta diferencia al comentar la sentencia 131 de la Sala Primera, de 8 de marzo de 2006.

Durante el proceso también deben considerarse los efectos continuados del emplazamiento. El artículo 36.2 del Código Procesal Civil establece que la interrupción derivada de su notificación se mantiene hasta la sentencia definitiva. En consecuencia, no siempre puede tratarse un expediente pendiente como si cada período de aparente inactividad reiniciara automáticamente la prescripción. La naturaleza y la etapa del proceso son parte del análisis.

La prescripción cumplida puede renunciarse, aunque la futura no puede ser objeto de renuncia anticipada. Así lo disponen el artículo 850 del Código Civil y el artículo 970 del Código de Comercio. Debe diferenciarse la interrupción de un plazo todavía en curso de la renuncia a una prescripción ya consumada. El artículo 851 del Código Civil contempla la renuncia tácita. La revisión de pagos, convenios y reconocimientos exige ubicar cada conducta antes o después del cumplimiento del plazo.

4 Caducidad y su diferencia respecto de la prescripción

La caducidad se vincula con un derecho o facultad cuyo ejercicio está limitado desde su origen a un término específico. El interesado debe realizar el acto que la norma exige dentro de ese término. En la descripción doctrinal del estudio de referencia, el vencimiento agota la posibilidad de ejercicio sin el régimen ordinario de reinicios que caracteriza a la prescripción. La identificación de una caducidad depende de la estructura de la disposición y de sus efectos, no exclusivamente del nombre empleado por el legislador (Brenes Barahona, s. f., pp. 20-24).

La misma fuente señala que la caducidad sustantiva puede apreciarse de oficio, mientras la prescripción extintiva requiere la alegación de quien pretende aprovecharla. En el régimen mercantil, los artículos 972 y 973 permiten plantear la prescripción como acción o excepción y excluyen su declaración judicial de oficio. La regla conceptual sobre la rigidez de la caducidad debe aplicarse atendiendo al régimen concreto y a las excepciones que expresamente disponga la ley.

Cuadro 1 Diferencias entre prescripción extintiva y caducidad sustantiva

Elemento

Prescripción extintiva

Caducidad sustantiva

Presupuesto

Inactividad durante el plazo legal de un derecho exigible.

Falta del acto exigido dentro del término de vida de la facultad.

Cómputo

Admite interrupción y suspensión según la ley.

Como regla, no admite el régimen ordinario de interrupción o suspensión.

Alegación

Requiere que se haga valer por quien esté legitimado.

Puede apreciarse de oficio según el régimen aplicable.

Efecto

Impide exigir jurídicamente la prestación prescrita.

Agota el derecho o facultad sujeto al término específico.

Fuente: elaboración propia a partir de Brenes Barahona (s. f., pp. 20-24) y de las normas citadas. El cuadro se refiere a la caducidad sustantiva.

La caducidad procesal requiere una explicación separada. El artículo 57 del Código Procesal Civil regula la caducidad de la demanda o contrademanda por falta de impulso durante más de seis meses, como regla mientras no exista sentencia de primera instancia. Contiene causas de improcedencia, entre ellas la paralización imputable exclusivamente al tribunal y supuestos propios de procesos monitorios y de ejecución. La existencia de un embargo efectivo también debe valorarse cuando corresponda. Por ello, el mero archivo o la falta de movimiento del expediente no equivalen a una declaración de caducidad.

Según el artículo 57.2, la caducidad procesal extingue el proceso y los derechos adquiridos con la interposición o notificación de la demanda o contrademanda, pero no impide formular nuevamente la pretensión. Esa posibilidad depende, a su vez, de que el derecho material siga siendo exigible. La terminación del procedimiento y la extinción sustantiva del crédito producen consecuencias diferentes. La paralización de una ejecución debe examinarse conforme a su régimen propio; no permite trasladar mecánicamente la caducidad prevista para la etapa anterior al fallo.

5 Prescripción del derecho a ejecutar una sentencia

La sentencia firme reconoce o define una situación jurídica y permite solicitar su cumplimiento. El derecho de promover esa ejecución suele denominarse actio iudicati. Su prescripción afecta la posibilidad de obtener el cumplimiento coercitivo de lo declarado. La expresión prescripción de la sentencia debe entenderse en ese sentido: el examen se dirige al derecho reconocido y a la acción para ejecutarlo, sin convertir el paso del tiempo en un recurso que anule el fallo o reabra lo decidido con autoridad de cosa juzgada.

5 1 Régimen civil y plazo común de diez años

En el ámbito civil, el artículo 868 proporciona el plazo común de diez años. El artículo 873 dispone que las acciones mencionadas en los artículos 869, 870 y 871, cuando después de ser exigible la obligación se otorgue documento o recaiga sentencia judicial, dejan de sujetarse a aquellos términos y pasan al término común. Respecto de la sentencia, el precepto sitúa el inicio en el día de su ejecutoria.

El artículo 873 debe interpretarse junto con el artículo 868 y las reglas especiales de la obligación examinada. Su referencia expresa a determinadas acciones impide utilizarlo, sin explicación, como una fórmula universal para cualquier materia. Para una pretensión de ejecución sometida al régimen civil común, la firmeza del fallo constituye una fecha decisiva que debe comprobarse en el expediente. La fecha de emisión de la sentencia puede preceder a su firmeza por la existencia de recursos o notificaciones pendientes.

La revisión también debe separar los rubros comprendidos en el pronunciamiento de las prestaciones o intereses generados posteriormente. No es suficiente afirmar que todo monto relacionado con el expediente comparte necesariamente el mismo inicio y plazo. Deben identificarse el título de cada reclamación, su exigibilidad y el alcance de lo reconocido judicialmente.

5 2 Régimen comercial y remisión al artículo 984

El artículo 986 del Código de Comercio contiene una regla específica para el cobro de una obligación comercial que haya sido objeto de demanda y sentencia. El plazo será el que corresponda a esa obligación conforme al artículo 984 y comenzará desde la firmeza del fallo. Por tanto, la existencia de una condena judicial no transforma automáticamente una obligación mercantil en una obligación sometida al plazo civil de diez años.

En la aplicación general de esta remisión, el cobro del principal comercial se relaciona con el plazo de cuatro años, mientras las acciones para cobrar intereses se vinculan con el término de un año del inciso b) del artículo 984, cuando ese supuesto sea aplicable. Deben conservarse las normas especiales que correspondan al crédito y a la pretensión de ejecución examinada. La selección del plazo exige caracterizar la obligación antes de concluir que prescribe por cuatro o por diez años.

La norma mercantil también demuestra que deben diferenciarse dos etapas. Antes del fallo se examinan el vencimiento y el ejercicio de la acción para reclamar la obligación. Después de su firmeza se analiza el derecho a ejecutar lo declarado y los actos posteriores con eficacia interruptora o suspensiva. El artículo 986 identifica un inicio propio para esta segunda etapa, que no puede confundirse con la fecha del contrato original.

6 Valoración de una inactividad superior a diez años

Si han transcurrido más de diez años desde la firmeza de una sentencia civil sujeta al término común, sin actuaciones eficaces que interrumpan el plazo ni circunstancias que lo suspendan, existe fundamento para solicitar la declaración de prescripción del derecho reconocido y de su ejecución. La conclusión exige verificar esas condiciones y hacer valer la defensa por el cauce procedente. El dato de antigüedad resulta relevante, pero necesita una reconstrucción jurídica del expediente.

Para sostener esa pretensión debe acreditarse la naturaleza de la obligación y el plazo que le corresponde, la fecha de firmeza, las actuaciones de cobro posteriores y su eficacia, así como los pagos o reconocimientos que pudieran afectar la prescripción. También debe examinarse si existió una causa legal de suspensión o una renuncia a la prescripción cumplida. Una actuación de ejecución puede tener efectos distintos de una mera solicitud de copia o de un movimiento administrativo del expediente.

La expresión abandono del acreedor describe su falta de actividad, pero no sustituye ese análisis ni equivale a una resolución judicial. Como explica la doctrina recogida por Brenes Barahona (s. f., pp. 2-5), el fundamento objetivo de la prescripción permite prescindir de una prueba general de intención de abandonar. Lo determinante es que el derecho haya permanecido sin ejercicio jurídicamente eficaz durante el plazo exigido por la ley.

Sostengo, por ello, que una sentencia civil no puede servir para mantener indefinidamente abierta la posibilidad de ejecución cuando se ha cumplido el término decenal sin causas que preserven el derecho. Si se trata de una obligación mercantil, el razonamiento debe fundarse en el artículo 986 y en el plazo pertinente del artículo 984. Una gestión tardía del acreedor no debe confundirse con la interrupción de un plazo que todavía estaba en curso; la eventual renuncia del deudor a la prescripción ya cumplida constituye un supuesto diferente.

7 Conclusiones

La prescripción de deudas requiere determinar el régimen de la obligación y su exigibilidad. El plazo civil general de diez años y el mercantil de cuatro años constituyen reglas de partida que admiten excepciones. En ambos ámbitos, la interrupción, la suspensión y la renuncia pueden modificar la respuesta que arrojaría una simple comparación de fechas.

La caducidad sustantiva limita el ejercicio de una facultad dentro de un término específicamente fijado. La caducidad procesal, en cambio, produce los efectos establecidos para la terminación de un procedimiento. Ninguna de esas categorías permite afirmar, sin examinar su regulación, que todo expediente inactivo ha extinguido el derecho del acreedor.

La sentencia firme conserva la autoridad de lo decidido, pero el derecho a ejecutar sus efectos está sujeto a la prescripción aplicable. Cuando se cumple el término común civil sin actos eficaces de conservación y se plantea oportunamente la defensa, corresponde solicitar la prescripción de la ejecución. En obligaciones comerciales, el artículo 986 impone atender la remisión al artículo 984. La seguridad jurídica exige que el límite temporal se aplique con precisión y mediante una decisión fundada en las actuaciones comprobadas.


 
 
 

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